Por Catalina Soberanis y Edgar Chamorro Marín

Guatemala, julio de 2016

INICIATIVA 30-20

La Iniciativa 30/20 es una propuesta de la Fundación Esquipulas para resignificar la firma de la Paz en Guatemala, haciéndolo a su vez sobre la génesis de la misma: los Acuerdos de Esquipulas I y II (1986 y 1987), instrumentos que permitieron capitalizar la decisión política desde los propios actores centroamericanos en asumir como propia la responsabilidad de iniciar el proceso de paz en la región, promover la transición democrática e imprimirle un nuevo impulso al proceso regional de integración.

La visión de la Fundación Esquipulas en cuanto a la conmemoración de los 20 años de la firma de la Paz en Guatemala es integral, holística y, por ende, regional. Es así que debemos incluir obligatoriamente el rescate de la memoria histórica de todo el proceso, es decir, recordar y revalorar el modelo exitoso de concertación política regional de los Acuerdos de Esquipulas, que permitieron diez años más tarde la firma de la paz en nuestro país.

Las históricas reuniones de Esquipulas, más que encuentros de Presidentes, representaron el hito histórico de reunir, después de un largo período de aislamiento, a verdaderos líderes políticos que supieron encarar en conjunto la discusión de los problemas regionales, sentando las bases para superar unidos los grandes desafíos que se afrontaban en ese entonces. Con el valioso acompañamiento de la comunidad internacional, se lograron instalar procesos que en la actualidad persisten.

Fue gracias a la iniciativa del Ex Presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo Arévalo, Presidente de la Fundación Esquipulas, y a su visión de resolución compartida de conflictos y de toma de decisiones conjunta, que la región logró la consecución de los objetivos trazados. La paz llegó a la región entre 1990 y 1996, cuando se crearon las instituciones democráticas que hoy día siguen sosteniendo el sistema político. Por su parte, el proceso de integración registró, a través de su renovación, un amplio crecimiento institucional y comercial, de tal suerte que actualmente el mercado común centroamericano es el segundo mercado de importancia para los países del istmo.

De esa cuenta, no puede negarse que Centroamérica y Guatemala han avanzado, aunque reconociendo que la agenda social del país presenta aún fuertes rezagos y los desafíos vuelven a hacerse apremiantes. La brecha de desigualdad y los niveles de pobreza crecen año con año, minando las oportunidades de los ciudadanos, en su mayoría jóvenes, para que puedan desarrollarse de manera integral. Esto pone de relieve la tarea inacabada del postconflicto y la falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Tenemos todavía un déficit de paz social.

Ante la trágica combinación de un Estado débil y la carencia de oportunidades laborales, que se convierten en caldo de cultivo para el narcotráfico, las pandillas y otras formas de crimen y violencia, es muy importante tener en consideración que el abordaje que se le dé al tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción, la exclusión de grandes sectores de la población y el importante bono poblacional que representan los jóvenes para la región, puede significar la diferencia entre una nueva valorización de la paz, congruente con el desarrollo integral, o, en el peor de los escenarios, un descalabro social.

Como Fundación, partimos de la base de la necesidad de contribuir a recuperar la memoria histórica en torno a estos procesos, porque hay un quiebre generacional evidente. Existe toda una generación, los menores de 30 años, que no vivieron la guerra y que tampoco han sido expuestos a un modelo educativo que les haga valorar la paz y la democracia como dos conquistas fundamentales de la sociedad. ¿Cómo se puede valorar y construir algo que se desconoce?

Con esto en mente, la Fundación Esquipulas recoge en esta publicación dos artículos de gran calidad e importancia, escritos en un lenguaje claro y comprensible para todos, con el objeto de propiciar el conocimiento de los procesos de paz de Centroamérica (Esquipulas I y II) y de nuestro país.

El primero, que en orden cronológico es el de Centroamérica, abrió los espacios y señaló el camino para otros procesos de paz y democratización en la región. Ha sido elaborado por Edgar Chamorro Marín, economista de larga y brillante trayectoria dentro de la integración regional y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación.

El segundo, que nos brinda un detallado informe sobre el proceso guatemalteco, es autoría de Catalina Soberanis Reyes, abogada y politóloga, de notable participación política en el país. Fue la primera mujer en presidir el Congreso Nacional durante el gobierno del presidente Vinicio Cerezo Arévalo, el primero de la era democrática, y precisamente en el que se iniciaron las negociaciones para la paz y la reconciliación. Actualmente es parte de la Junta Directiva de la Fundación Esquipulas.

Congruente entonces con el espíritu de la Iniciativa 30/20, la Fundación Esquipulas pone a disposición de todos los interesados la presente publicación, con el ánimo de rescatar la historia e incentivar a nuestros jóvenes a conocerla, analizarla y tenerla siempre presente en la construcción del futuro.

CONTENIDO

Página

LOS ACUERDOS DE ESQUIPULAS

(Edgar Chamorro Marín)

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LOS ACUERDOS DE PAZ EN GUATEMALA

(Catalina Soberanis)

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COMENTARIOS DE CIERRE

(Vinicio Cerezo Arévalo)

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Las opiniones expresadas por los autores no representan necesariamente las de la Fundación.

Los Acuerdos de Esquipulas

Edgar J. Chamorro Marín

Miembro del Consejo Consultivo

Introducción

Los históricos Acuerdos de Esquipulas posibilitaron que la región centroamericana volviese a encontrar la ruta de la paz, la democracia, el Estado de derecho y la gobernabilidad, permitiendo con ello retomar acciones para el desarrollo económico y social. Una de estas acciones fue haber sentado nuevas bases para la reformulación del proceso de integración del área, como un valioso instrumento de cooperación y acción conjunta.

Con esto en mente, el presente análisis tiene como objetivo reseñar los principales acontecimientos que propiciaron las negociaciones y la firma de la paz en Centroamérica, obtenida a través de un delicado pero firme proceso de negociación, efectuado en momentos de grandes tensiones nacionales y regionales, teniendo como telón de fondo la Guerra Fría, cuyos intereses y acciones presionaban fuertemente hacia una conflagración de mayores dimensiones en la región.

El proceso de paz se logró gracias a la visión de los estadistas centroamericanos de turno, quienes, dejando de lado sus diferencias ideológicas, supieron liderar el camino del cambio con el apoyo de la mayor parte de la población centroamericana que ansiaba vivir en paz y en libertad. Fue también decisivo el apoyo de países amigos, tanto individualmente como colectivamente (Grupo Contadora, Grupo de Lima, Comunidad Europea), así como el respaldo de organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas entidades facilitaron y acompañaron el proceso que culminó con las reuniones de Esquipulas I y II, en 1986 y 1987, respectivamente.

Ahora bien, para poder dimensionar este proceso, especialmente para las nuevas generaciones que no vivieron ese período histórico, es conveniente primero tener una visión global de la situación centroamericana en los ámbitos político, económico y social, así como también precisar los apoyos recibidos a nivel internacional.

Centroamérica en la década de los ochenta

Centroamérica finalizó la década de los setenta con problemas de gran envergadura, los cuales comprometían seriamente su futuro tanto a nivel individual como regional. La confianza entre los distintos gobiernos había llegado a niveles muy bajos y el proceso de integración económica, por no renovarse, había entrado en una fase de agotamiento.

Situación política

A nivel político, la región atravesaba una situación de gran conflictividad, derivada tanto de su posición geoestratégica internacional, que la convirtió en un campo de confrontación Este-Oeste, como de las luchas armadas internas en varios países. Entre los eventos clave de la época se incluyen:

• El triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en 1979.

• El conflicto armado interno en Guatemala, vigente desde 1960.

• El apoyo de Costa Rica a la insurgencia nicaragüense, incluyendo el uso de su territorio.

• El estado de emergencia en El Salvador, donde estalló la guerra en diciembre de 1979 con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tomando posiciones de combate.

•Honduras, rodeada por conflictos en países vecinos, se vio forzada a aumentar su gasto militar y terminó alineándose con los intereses norteamericanos en la región.

Situación social

Los rezagos estructurales de la región se vieron acentuados por la conflictividad política y la crisis económica. Factores como pobreza extrema, exclusión, desocupación e inseguridad alimentaria se deterioraron aún más en los primeros años de los ochenta, ampliando la brecha de desigualdad en la distribución del ingreso.

A este panorama se sumó la implementación de la doctrina de Seguridad Nacional, con un enfoque militarista que generó costos cada vez más elevados para los gobiernos.

Para dimensionar la profundidad de la crisis y el rompimiento del tejido social, basta recordar que sus efectos más graves impactaron a la población civil. Como respuesta, en 1987, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) convocó a la Conferencia Internacional sobre Refugiados y Desplazados en Centroamérica (CIREFCA).

El costo humano de la guerra en Guatemala, El Salvador y Nicaragua se estimó en casi 400,000 muertes hacia finales de la década.

Situación económica

El balance económico de los años ochenta fue tan negativo para la región que a menudo se la describe como una “década perdida”.

Factores como la recesión global y los desequilibrios macroeconómicos desde los años setenta impactaron gravemente las economías centroamericanas, lo que, sumado a los problemas internos, provocó:

•Una caída considerable del PIB per cápita en todos los países entre 1980 y 1990.

• Incremento del desempleo y reducción del consumo privado.

• Disminución de exportaciones, incluyendo las del mercado intrarregional.

• Aumento de importaciones, ampliando la brecha en cuenta corriente.

•Rápida devaluación de monedas y problemas fiscales severos.

•Crisis de deuda externa, con reducción de ingresos fiscales y dificultades en el pago del servicio de deuda.

Este escenario generó un clima de pesimismo generalizado sobre el futuro de Centroamérica, afectando tanto a cada país individualmente como al proyecto de integración regional.

PIB por habitante, en US$ de 1980

Fuente: IICA/FLACSO: Centroamérica en Gráficas, San José, Costa Rica, noviembre de 1990.

• Los Acuerdos de Esquipulas I y II

  Es fácil percibir entonces que, en la década de 1980, la situación centroamericana amenazaba con convertirse en una deflagración de mayor escala, con la posibilidad real de desbordarse hacia países vecinos en el marco de la confrontación Este-Oeste. Todos los ingredientes para una gran crisis política y militar estaban presentes.

  En 1983, gracias a la propuesta del gobierno mexicano realizada en 1982 y la disposición del gobierno de Panamá para mediar en la crisis regional, se integró el Grupo Contadora, que desempeñaría un papel central y protagónico en la negociación de la paz en Centroamérica. Desde sus inicios, este grupo coadyuvó a centrar la atención política sobre Centroamérica, especialmente en Latinoamérica y Europa.

  Así, en 1985, se creó el Grupo de Amigos de Contadora o Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, con lo cual ocho países latinoamericanos se empeñaron activamente en apoyar los esfuerzos de paz que la población centroamericana anhelaba.

  Las negociaciones duraron varios años, en los cuales hubo múltiples acontecimientos, reuniones, nuevos planes y esfuerzos internacionales de apoyo. Todo este proceso se resume en el siguiente cuadro:

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  INICIATIVAS RELEVANTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN CENTROAMÉRICA Y SUS APOYOS A NIVEL INTERNACIONAL Y REGIONAL (1980-1990)

  (Aquí iría el cuadro o tabla con la información específica sobre las iniciativas y apoyos internacionales durante ese periodo.)

Fuente: Elaboración propia.

1. Algunos comentarios de cierre

   Desde una óptica general, podemos afirmar que los Acuerdos de Esquipulas I y II permitieron:

   •Lograr la paz (distensión de las presiones internas y externas sobre la región).

   • Establecer las bases fundacionales para el retorno a la vida democrática.

   • La recomposición del tejido social desgastado por luchas fratricidas.[7]

   Además, oxigenaron con nuevos planteamientos las agendas políticas, económicas y sociales de los países y, con ello, el reencauzamiento de las políticas públicas para el desarrollo.

   Pero no puede pasarse por alto que, en momentos de la más profunda crisis política, económica y social de la historia reciente de los países centroamericanos, estos acuerdos significaron el ejercicio de un extraordinario proceso de concertación, por medio del cual la región recobró el manejo en la solución de la crisis y de sus planes a futuro.

   La concertación debe verse como la unión de voluntades políticas de cinco países que, en tiempos pasados, conformaron un solo territorio y gobierno, posibilitando esta vez el alejamiento de sus pueblos y gobiernos de la confrontación de baja intensidad o “guerra fría” que las superpotencias mantenían en esta importante región geopolítica del mundo.

   Finalmente, y no por ello menos importante, el espíritu y alcance de los acuerdos permitió la renovación del compromiso de avanzar en el proceso regional de integración, con nuevos objetivos y metas, dentro de una arquitectura más amplia e integral, reconociendo la dimensión múltiple que tiene el desarrollo.

EL PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA

Catalina Soberanis

Miembro de la Junta Directiva

Introducción

La construcción de la democracia y la paz en Guatemala ha sido un proceso prolongado y complejo que, en su historia reciente, se inició con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgó una nueva Constitución Política, seguida por la instauración de un gobierno surgido de elecciones libres y legítimas en 1986.

Para llegar a ese momento, el país había tenido que experimentar la pérdida de miles de vidas y la prolongación de un conflicto armado interno, que se había iniciado en 1960 como repercusión de la ruptura de la democracia en 1954. A lo largo de tres décadas, Guatemala se había debatido entre la dictadura y el fraude electoral. En esas circunstancias, en 1982, se produjo el golpe militar que daría origen a un período de transición democrática hasta concluir, en 1986, con un gobierno civil popularmente electo.

Posteriormente, la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 constituye el hito más importante que vino a fortalecer el sistema político y a dotar de una Agenda de País a la sociedad guatemalteca. Pero, especialmente, expresó la aspiración de las personas a su pleno desarrollo humano en un clima de convivencia civilizada, respetuosa y armónica, que es el derecho a la paz.

A partir del período de ejercicio gubernamental que comenzó el 14 de enero de 1986, se desarrollaron diversos procesos de diálogo que han sido relevantes en el proceso de democratización y de construcción de la paz en Guatemala. En ellos ha predominado la lógica política y el esfuerzo por dotarles de legitimidad a través de la participación de diversos actores sociales que, a su vez, representan distintos intereses.

El primer Gobierno de la transición democrática

Cuando inició su gestión en 1986, el gobierno se encontró con un escenario en el que las organizaciones populares de la sociedad civil estaban diezmadas y desarticuladas como resultado de la represión.

En el ámbito económico, el empresariado aún veía con cierto grado de desconfianza al gobierno demócrata cristiano y tenía aprensiones sobre las reglas de juego del proceso económico.

Una situación similar ocurría al interior del Ejército guatemalteco, respecto del proceso político en general y de la estrategia político-militar en particular. En el ámbito político, los viejos partidos que habían dado sustentación a los regímenes militares se encaminaban hacia una etapa de decadencia, y otras fuerzas políticas empezaban a surgir en las condiciones que el proceso democratizador estaba creando.

El partido de gobierno pudo contar, durante una gran parte del período, con la mayoría absoluta en el Congreso de la República y, durante los dos primeros años, con una actitud constructiva de los partidos de oposición, especialmente en la agenda política relacionada con el proceso de paz.

En relación con el conflicto armado interno, al instaurarse el nuevo gobierno, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) decidió unilateralmente una especie de tregua para evaluar si, a juicio del movimiento insurgente, se estaban creando las condiciones para una democratización efectiva del país. Posteriormente, la URNG reanudó sus operaciones militares.

El Ejército, aunque en el plano institucional mantuvo el apoyo al gobierno civil y sofocó incluso dos tentativas internas que pretendían un rompimiento constitucional, en relación con el conflicto armado seguía defendiendo la tesis de que era posible la derrota militar y el aniquilamiento de la guerrilla, o bien que la guerrilla depusiese las armas como condición para el diálogo, posición que mantuvo hasta el fin del período de ejercicio de Vinicio Cerezo.

Los antecedentes de la negociación para la paz

En enero de 1986, en ocasión de la toma de posesión del presidente Cerezo Arévalo, se reunieron en Guatemala todos los presidentes de Centroamérica, con excepción del entonces gobernante de Costa Rica, Luis Alberto Monge Álvarez, quien se excusó por estar enfermo.

Todos los demás, los presidentes José Napoleón Duarte, de El Salvador; Daniel Ortega Saavedra, de Nicaragua; Erick Arturo del Valle, de Panamá; el recién electo Presidente de Honduras, José Azcona Hoyo, y el anfitrión de Guatemala, firmaron una declaración de respaldo a las gestiones del Grupo Contadora, así como el interés de continuar discutiendo conjuntamente los problemas de la región y aceptando para ello la invitación formulada por el Presidente Cerezo para reunirse en la ciudad de Esquipulas, Guatemala.

Esta intención se concretaría en mayo de 1986, al realizarse la primera Cumbre Presidencial, que finalizaría con la “Declaración de Esquipulas”.

En ella, los mandatarios manifestaron su voluntad de firmar el “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica” y su decisión de formalizar las reuniones de Presidentes como una instancia para analizar los problemas más urgentes que se presenten en el área en relación con la paz y el desarrollo regional y buscarles soluciones apropiadas.

Al mismo tiempo, declararon que era necesario complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como elementos fundamentales para la paz en el área y para la integración de Centroamérica.

Agregaron que la paz en América Central solo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase su modelo económico, político y social, entendiéndose esta determinación como el producto de la voluntad libremente expresada por los pueblos.

En la siguiente reunión, denominada “Esquipulas II”, se suscribiría el “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica”, el 7 de agosto de 1987.

Esta declaración expresaba la decisión política de los gobernantes centroamericanos de que sus sociedades nacionales se apropiasen realmente del proceso de democratización y pacificación en el área. Ha sido considerada como un Pacto Político que deriva su legitimidad de la representación nacional con la cual actuaron los Presidentes.

El Procedimiento para establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica

En la etapa del proceso de Paz que se inició con “Esquipulas II”, los dirigentes políticos en Guatemala apoyaron al gobierno en su gestión de paz, a pesar de cualquier diferencia de intereses político-partidarios.

En relación con otros actores sociales, aunque no todos manifestaron expresamente su opinión favorable, apoyaron en general la iniciativa para la paz o no se opusieron a ella, lo cual fortaleció la legitimidad del proceso.

El Procedimiento de Esquipulas, al promover la solución de los conflictos internos e internacionales de la región, hizo imperativo para los gobiernos iniciar procesos de diálogo y crear condiciones para la conclusión pacífica de los conflictos armados.

En cumplimiento de dicho Acuerdo, el Gobierno de la República procedió a la conformación de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), presidida por un obispo católico, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, a quien acompañaban la ciudadana notable Teresa Bolaños de Zarco y el dirigente político Jorge Serrano Elías.

En representación del Gobierno de la República participó el Vicepresidente Roberto Carpio Nicolle. Dentro de sus acciones, la CNR organizó el Diálogo Nacional, instancia que se convirtió en el escenario donde se discutían importantes aspectos de la Agenda Nacional que diversos sectores de la sociedad civil planteaban en el marco del proceso de paz.

1. La negociación directa para la paz

   Concluidos los encuentros con los actores de la sociedad civil, la negociación se vio afectada por el cambio de gobierno, el cual asumió Jorge Serrano Elías. En el mes de abril de 1991, el Presidente Serrano dio a conocer su “Iniciativa para la paz total de la Nación”, en la que solicitaba discutir inmediatamente el cese al fuego y la desmovilización de los insurgentes, así como su incorporación a la vida civil, ofreciendo por su parte el inicio de programas para lograr mayor equidad económica y social y para profundizar la democracia.

   El primer encuentro oficial directo de las partes se produjo el 26 de abril de 1991, en la ciudad de México, habiendo tenido como resultado el acuerdo sobre agenda y procedimientos para desarrollar la negociación. En dicho documento se estableció que los participantes serían las delegaciones del Gobierno y de la URNG; el representante de las Naciones Unidas como observador; los miembros de la CNR como testigos y garantes, y el Conciliador presidiendo y coordinando todo el proceso.

   En este nuevo formato de negociación, el papel del representante de los partidos políticos de oposición, como miembro de la CNR, era el de testigo y garante, pero se excluyó la asignación de algún otro rol a actores de la sociedad civil.

   El 25 de julio de 1991, las Partes suscribieron el “Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la paz por medios políticos”, en Querétaro, México. Este acuerdo es uno de los más importantes del proceso de paz, pues constituye un diseño conceptual para el tratamiento de todos los temas.

   Al describir lo que se entenderá por democracia funcional y participativa, el documento incluye aspectos como:

   •Derechos humanos

   •Desmilitarización

   •Reconocimiento de la identidad y derechos de los indígenas

   •Necesidad de los cambios socioeconómicos

   •Vigencia del Estado de Derecho

   •Eliminación de la represión

   •Reasentamiento de los refugiados

   •Participación de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de gobierno

   El tratamiento del tema de los Derechos Humanos se inició en septiembre de 1991, y el Acuerdo sería firmado hasta el 29 de marzo de 1994, entre representantes de un nuevo Gobierno y la URNG.

   En el ínterin se avanzó en el tema de derechos humanos y ambas partes se posicionaron públicamente sobre su percepción del contenido total de la negociación y sobre su idea de la paz. No existía un espacio institucional para que la sociedad civil pudiese plantear sus posiciones.

   El 25 de mayo de 1993, se interrumpiría de nuevo la negociación, a causa del Golpe de Estado protagonizado por el propio Presidente Jorge Serrano. Como resultado de una gran confluencia de fuerzas que resistió dicha acción, se arribó a una fórmula de solución a la crisis.

   Así, el 5 de junio, el Congreso de la República, restablecido en sus funciones por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, designaba a Ramiro de León Carpio, hasta entonces Procurador de los Derechos Humanos, como Presidente de la República.

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   El plan nacional de paz y el nuevo formato de negociación

   Se denominó así a la propuesta del nuevo Presidente electo por el Congreso de la República, Ramiro de León Carpio, quien aceptó la renuncia de la Comisión Nacional de Reconciliación e integró una nueva comisión gubernamental de paz, proponiendo un formato de negociación completamente diferente al seguido por su antecesor.

   El eje de la nueva propuesta consistía en separar los temas sustantivos de la negociación (las causas que dieron origen al conflicto armado) de los llamados temas operativos (relativos a la conclusión del conflicto), trasladando los primeros a la discusión de un foro permanente por la paz, integrado por representaciones de la sociedad civil, cuyas recomendaciones debería tener en cuenta el gobierno para el diseño de sus políticas.

   Otra innovación del plan era la de llamar a las Naciones Unidas para sustituir el papel del conciliador. La propuesta original no prosperó y la Organización de las Naciones Unidas propuso una nueva fórmula para la negociación que, con algunas variantes, fue aceptada por las partes.

   El 10 de enero de 1994, se suscribió el “Acuerdo Marco para la reanudación del proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca”, que marcaría la tercera etapa de la negociación.

   En él, las partes retornaron a la agenda de México y se decidió la conformación de una Asamblea de la Sociedad Civil, integrada por los sectores que participaron en las rondas de conversaciones previstas por el Acuerdo de Oslo, más una representación de las organizaciones del pueblo maya.

   Sus funciones serían:

   1.Elaboración de propuestas sobre los temas sustantivos.

   2.Contribuir con recomendaciones u orientaciones para facilitar la negociación.

   3.Avalar los acuerdos para que estos se convirtiesen en acuerdos nacionales.

   Así, la sociedad civil se configuró como un tercer actor, con participación indirecta en la negociación.

   La Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) se integró por:

   •Sector político

   •Sector religioso

   •Mujeres

   •Sector sindical y popular

   •Periodistas

   •Organizaciones de derechos humanos

   •Centros de estudio e investigación

   •Organizaciones no gubernamentales de desarrollo

   •Organizaciones del pueblo maya

   •Sector académico

   •Población desarraigada

   •Sector cooperativo

   •Organizaciones campesinas

   La empresa privada, representada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), nunca se incorporó a la ASC.

   En cuanto al papel asignado al Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, como Presidente de la Asamblea de la Sociedad Civil, el nuevo formato mantuvo a la Iglesia Católica en un rol protagónico aunque no directo en la negociación.

   Sin embargo, posteriormente, por decisión de la Conferencia Episcopal, Monseñor Quezada se retiró de la Presidencia de la ASC.

   Como producto del nuevo formato, el 29 de marzo de 1994, las Partes suscribieron el “Acuerdo de Calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera en Guatemala”, que incluía una programación para la discusión de cada uno de los temas sustantivos y operativos.

   La meta para finalizar la negociación se definió en diciembre de 1994, pero el cronograma propuesto no se cumplió, pues las negociaciones se prolongarían hasta 1996.

   Como se puede observar:

   •Los temas operativos fueron discutidos exclusivamente por las partes.

   •Los temas sustantivos se discutieron y negociaron sobre la base de propuestas elaboradas por la Asamblea de la Sociedad Civil.

   El balance de la negociación durante la administración del Presidente de León Carpio indica que, aunque de una manera lenta y compleja, la negociación avanzó. Esto fue impulsado por la presión internacional y nacional, así como por la voluntad política de las partes para alcanzar el acuerdo de paz definitivo.

1. Nueva estrategia de implementación de los Acuerdos y otros esfuerzos de diálogo

   A finales de la administración gubernamental 2000-2004, se promovieron diversas iniciativas para revitalizar el cumplimiento de los Acuerdos y renovar la institucionalidad de la paz. Una de ellas fue impulsada por un equipo coordinado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y el Instituto de Transformación de Conflictos para la Paz de la Universidad Rafael Landívar (INTRAPAZ/URL). Otra propuesta fue desarrollada bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que incluía lineamientos estratégicos y prioridades para la fase final del segundo calendario del cumplimiento de los Acuerdos. Ambas iniciativas fueron presentadas a la Comisión de Acompañamiento para su consideración.

   La Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República (SEPAZ), como parte de sus aportes a una nueva estrategia, planteó la ampliación de la Comisión de Acompañamiento, la evaluación de la institucionalidad existente y la reestructuración de la propia Secretaría de la Paz.

   La convocatoria a Cuatro Mesas Intersectoriales de Diálogo respondió al seguimiento de las disposiciones y acuerdos emanados de la Reunión del Grupo Consultivo, realizada en febrero de 2002. En dicha reunión, los participantes y la organización del evento invitaron al Sistema de Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos a que apoyasen procesos de diálogo e intercambio sobre los temas de la Agenda de los Acuerdos de Paz, para crear un mejor clima de gobernabilidad y fortalecer los esfuerzos de cumplimiento de los Acuerdos.

   Como respuesta a esta solicitud, ambas instancias definieron cuatro áreas temáticas alrededor de las cuales se trabajaría en mesas intersectoriales, siendo estos:

   • Situación Agraria y Desarrollo Rural

   • Pueblos Indígenas

   • Modernización del Ejército

   • Cultura de Paz y Reconciliación

   Estas mesas presentaron su informe de resultados al Grupo Consultivo del siguiente año.

   Otros esfuerzos de diálogo, relativos a temas específicos, incluyeron:

   • Diálogo respecto a la tierra

   • Diseño del Programa Nacional de Resarcimiento

   • Generación de comisiones para analizar aspectos de la Seguridad Ciudadana y la Administración de Justicia, como la formación de la Comisión Consultiva del Sistema Penitenciario, de la cual emanó una propuesta de Ley del Régimen Penitenciario.

   En el período 2004-2008, lo más significativo fue el relanzamiento de los Acuerdos de Paz, la emisión de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, que les dio fuerza legal y el reconocimiento de compromisos de Estado, así como la reestructuración de la Institucionalidad de la Paz.

   Igualmente, se valoran avances en la implementación del Programa Nacional de Resarcimiento, la emisión de la Ley del Catastro Nacional, que permite la legalización del derecho de la propiedad sobre la tierra, y una ley sobre Seguridad Alimentaria.

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   Balance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz

   Desde el punto de vista meramente cuantitativo, en 1996 fueron calendarizados 177 compromisos, de los cuales se cumplió el 40% (71 compromisos); 106 compromisos fueron recalendarizados para el período 2000-2004, de los cuales se cumplió el 57% (61 compromisos), encontrándose en proceso de cumplimiento 15 compromisos (14%) y pendientes de cumplimiento 30 compromisos (28%).

   A partir de entonces, ya no se hizo ninguna calendarización ni se realizaron posteriores balances cuantitativos acerca del cumplimiento.

   Sin embargo, debe reconocerse que la naturaleza de los compromisos es de diversa complejidad y la estrategia de implementación que se adoptó tenía una visión progresiva, es decir, ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo urgente hacia lo de mediano y largo plazo.

   Tan es así que la reforma constitucional se efectuó y sometió a referéndum en las postrimerías de la administración 1996-2000, con el resultado ya conocido por todos. A las siguientes administraciones les tocaba asumir aspectos más complejos del cumplimiento de la Agenda sustantiva, lo cual se hizo parcialmente. Sin embargo, los aspectos más estructurales no llegaron a abordarse o se hizo de manera incipiente.

   Por otra parte, se ha constatado que el cumplimiento de algunos compromisos se obtendrá en el mediano y el largo plazo, por lo que será necesario que posteriores administraciones gubernamentales se comprometan a hacerlo dentro de una clara visión de Estado.

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   Transición y perspectivas

   La finalización del mandato en 2004 de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) generó una serie de expectativas en diversos sectores acerca de lo que pudiese ocurrir respecto al cumplimiento de los Acuerdos cuando la misión se retirase del país.

   También se planteó en diversos ámbitos la importancia de desarrollar una nueva estrategia para el cumplimiento de los Acuerdos, que respondiese al nuevo escenario nacional e internacional, a la existencia de nuevos y diversos actores sociales, y a la necesidad de dar una nueva dinámica a la institucionalidad de la paz.

   Para la definición de una nueva estrategia de implementación de los Acuerdos de Paz, la Comisión de Acompañamiento diseñó y desarrolló un proceso de amplia consulta con diversos actores sociales, que desembocó en una propuesta para el proceso de renovación y fortalecimiento de la institucionalidad de la paz y una iniciativa de Ley Marco de los Acuerdos de Paz, que abre nuevos caminos para el cumplimiento de dichos acuerdos.

   Además, después del retiro de MINUGUA, el Procurador de los Derechos Humanos asumió la verificación institucional nacional del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en el marco de su mandato constitucional y legal.

   El Procurador es miembro observador en el nuevo Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) participa con igual calidad en el CNAP.

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   Algunas reflexiones y conclusiones

   Una primera conclusión que se deriva de la anterior descripción es que el proceso de transición democrática ha propiciado condiciones y oportunidades de diálogo que posibilitaron el fin del enfrentamiento armado y han contribuido al desarrollo de las capacidades de propuesta y negociación por parte de la sociedad civil.

   Para la sociedad civil, los resultados de estas experiencias han sido parcialmente satisfactorios, pues a la larga los actores sociales que representan a los grupos mayoritarios de la población no siempre han podido impedir la implantación de las políticas y medidas impulsadas por los distintos gobiernos.

   Sin embargo, esto no debe llevar a la conclusión de que las experiencias del diálogo son negativas, pues los gobiernos asumen el costo político que implica ignorar las demandas sociales.

   En la etapa actual, sigue siendo importantísima la participación de la sociedad civil organizada, tanto para internalizar en el conjunto de la sociedad los valores de la paz, como para generar presión, movilización y demanda por el efectivo cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

   Guatemala aún tiene un largo camino por recorrer en su lucha por la construcción de una paz firme y duradera. Esta dependerá del esfuerzo de todos los sectores y de la capacidad de alcanzar acuerdos sobre los grandes temas nacionales por parte de toda la sociedad.

   El gran reto es ahora evaluar las lecciones aprendidas y avanzar hacia la construcción de una verdadera Agenda Nacional de Desarrollo Humano.