Nora Flores
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Guatemala es uno de los países de América Latina con mayores niveles de pobreza, desigualdad y exclusión; los grandes contrastes entre los 340 gobiernos municipales van desde municipalidades modernas y con mayor cobertura y calidad en la prestación de servicios básicos, hasta municipalidades muy pobres y pequeñas que no consiguen cumplir con las mínimas competencias que enmarca el Código Municipal (Decreto 12-2002) y por lo tanto, una deficiente satisfacción de las necesidades de la población. En cuanto a la capacidad operativa de las mismas, también se observan grandes limitaciones, desde una escasa planificación operativa y estratégica, poca capacidad técnica y administrativa de funcionarios municipales, ausencia de políticas públicas que busquen el desarrollo de su territorio, concatenadas a políticas nacionales o sectoriales,  hasta un escaso empoderamiento de la población en seguimiento, fiscalización y participación ciudadana.

Adicional a lo anterior, el inadecuado manejo de los recursos financieros es uno de los problemas recurrentes en numerosas municipalidades que presentan desequilibrios, ya que la brecha entre sus gastos y la capacidad de generar ingresos propios es muy grande, a tal cuenta que muchas de éstas no logran desarrollar inversiones óptimas en beneficio de la población por los escasos presupuestos con los que cuentan o por problemas de transparencia y deficiente calidad del gasto público.  Esto provoca, en muchos casos, una alta dependencia hacia las transferencias del gobierno central sin las cuales, indudablemente muchas municipalidades no podrían subsistir.  

Es necesario y urgente no seguir postergando el desarrollo de nuestro país y la búsqueda por reducir las lamentables brechas sociales en casi todos los rubros.  En este sentido, un buen gobierno municipal, independientemente del tamaño del municipio o de los recursos financieros con que cuenta, debiera pensar estratégicamente y visualizar cómo se quiere ver el municipio en el futuro, planteándose una visión integral del mismo, o sea no gobernar para hoy o para cuatro años, sino para el futuro, con una visión que mire más allá de lo urgente y que no se conforme con dar respuestas mediocres y arrebatadas a la población, sino que propone, escucha y decide para el futuro.

La gestión de un buen gobierno municipal logra impactos positivos en la vida de los ciudadanos, actuando con transparencia y eficacia, permitiendo la más amplia participación de todos los sectores y con total respeto a las características y tradiciones del municipio. Para lograr gobiernos locales que impulsen un verdadero desarrollo local deben contar con un alto nivel de compromiso con la población, así como una estructura administrativa y recurso humano eficiente y que goce de la credibilidad y confianza de la población.

El Código Municipal presenta el esquema básico que deben tener las administraciones municipales para un buen funcionamiento, pero también describe los servicios públicos que la población debe recibir de manos de su gobierno cercano. Este mismo instrumento normativo reza en su Artículo 67: 

Gestión de intereses del municipio. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales, ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.

Uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos municipales en Guatemala, entonces, es el de generar propuestas y alternativas de desarrollo económico. Para encontrar caminos para este fin, se requiere una gestión orientada en desarrollar y fortalecer capacidades institucionales que permitan a las autoridades ir más allá de sus propias competencias y trascender para asumir roles de promoción del desarrollo integral y convertirse en dinamizadores de las economías locales, partiendo de sus propias potencialidades, tanto naturales como de la misma población.

Este nuevo rol requiere de una buena coordinación con los otros niveles del Estado dentro de una amplia articulación interinstitucional, así como de la iniciativa privada local y del consenso de la población, con mucha transparencia y participación ciudadana. Esta visión municipal se deberá complementar y articular con la visión territorial o regional de tal manera que se deje atrás las visiones cortoplacistas y tradicionales que se han limitado a convertir a las municipalidades en prestadoras de servicios básicos – muchas veces mal entregados a la población – acortando las posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades.