Asunción, Paraguay – Bajo el lema “Desafíos Globales de Derechos Humanos,” la XXIX Asamblea y el XXVIII Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) reunió esta semana en Asunción a destacados defensores de derechos humanos, expertos y representantes de instituciones internacionales. En un contexto marcado por los efectos del cambio climático y la urgencia de proteger los derechos de grupos vulnerables, el encuentro se centró en el agua como recurso esencial, los derechos de los pueblos originarios y la justicia para las mujeres.

En la ceremonia inaugural, el presidente de la FIO, Rafael Ávila, destacó la relevancia de este foro para coordinar esfuerzos regionales ante los desafíos ambientales que afectan directamente a la dignidad humana. Los participantes resaltaron la necesidad de políticas que aseguren el acceso al agua y la protección de los recursos naturales, temas de particular urgencia en zonas amenazadas por la explotación descontrolada y la contaminación.

 La participación de Olinda Salguero, presidenta de la Fundación Esquipulas para la Paz, representante de la Global Peace Foundation en Centroamérica y vicepresidenta de la Misión Presidencial Latinoamericana, fue uno de los puntos sobresalientes del congreso. En su ponencia, Salguero subrayó la conexión intrínseca entre derechos humanos y justicia climática, enfatizando la responsabilidad colectiva en el manejo ambiental. Su discurso resaltó la riqueza biológica de Centroamérica, una región que, pese a ocupar solo el 1% del territorio mundial, alberga el 12% de la biodiversidad global. Sin embargo, señaló que esta abundancia contrasta con las severas limitaciones económicas de la región, donde algunos países invierten entre el 5% y el 10% del PIB para mitigar los efectos del cambio climático.

“Uno de los grandes desafíos es construir una narrativa que permita que la conservación sea atractiva para todos, especialmente para las comunidades más afectadas por la pobreza,” expresó Salguero, quien enfatizó la importancia de generar oportunidades productivas en áreas desfavorecidas para aliviar la presión sobre los ecosistemas. Además, destacó la necesidad de construir puentes de confianza con las comunidades indígenas, que a menudo se muestran escépticas hacia los proyectos de conservación debido a su experiencia histórica de exclusión.

Olinda Salguero también abogó por la justicia intergeneracional, resaltando la urgencia de integrar las voces de las juventudes en la lucha climática. Según ella, las nuevas generaciones son una fuerza comprometida con el medio ambiente, aunque frecuentemente subestimada. “Las juventudes están interesadas y preocupadas por el ambiente,” afirmó, invitando a incorporar sus perspectivas en las políticas ambientales.

El programa incluyó otros paneles sobre el derecho al agua y la gestión de fuentes hídricas, donde defensores y expertos compartieron experiencias y mejores prácticas para garantizar que el agua sea reconocida como un derecho fundamental. Este esfuerzo incluyó testimonios de autoridades y expertos de instituciones como la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) y WWF Paraguay, quienes recalcaron el impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas hídricos.

En otro momento clave del congreso, se abordó el cambio climático como un desafío crítico para los derechos humanos, resaltando la importancia de construir marcos de protección que incluyan las voces de las comunidades afectadas. La procuradora de El Salvador, Raquel Caballero Guevara, y otros defensores regionales aportaron su visión sobre cómo el cambio climático impacta en la igualdad y el desarrollo, destacando las vulnerabilidades de los pueblos indígenas y los desafíos para proteger sus tierras y recursos naturales.

La justicia para las mujeres también ocupó un espacio fundamental en la agenda, con un llamado a erradicar la violencia de género y fortalecer los mecanismos de protección de los derechos femeninos. Representantes de Colombia, Argentina y Paraguay subrayaron los avances y los retos persistentes, enfatizando la importancia de trabajar en red para superar barreras estructurales.

El encuentro finaliza el 31 de octubre con la adopción de resoluciones conjuntas, en las cuales se consolidarán compromisos de acción para enfrentar estos problemas desde un enfoque de derechos humanos. La XXIX Asamblea y el Congreso Anual de la FIO dejan una clara declaración de principios en defensa de una región comprometida con la justicia social y la protección de los derechos en un mundo cada vez más vulnerable al cambio climático y a las injusticias sistémicas.